El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional -GPPAN-, Javier Estrada Cárdenas, precisó que es necesario regular la situación de los pueblos originarios que tienen el manejo de los recursos financieros directos, toda vez que la falta de rendición de cuentas y transparencia recae en los Ayuntamientos aunque estos no los administren.

Y es que hoy hay dos pueblos originarios que tienen problemáticas. El primero es la Tenencia de Sevina, municipio de Nahuatzen, el cual no tiene la aprobación de todos los comuneros y el propio Ayuntamiento ha interpuesto recursos legales para revertir lo que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN-; el segundo caso es la localidad de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, al cual el órgano jurisdiccional le concedió todo para la administración de sus recursos, pero que el Ayuntamiento no ha cumplido con la sentencia.

Estrada Cárdenas enfatizó que hay un entramado jurídico y legal que se tiene que atender, debido a que el riesgo institucional es evidente cuando las reglas a los pueblos originarios no son claras. “El problema que enfrentan los alcaldes es un deterioro institucional que se viene dando por manejar estos esquemas”, dijo.

Por lo que expuso que es necesario trabajar en una ruta para poner reglas a los pueblos originarios que administran sus recursos  para que entren al tema de la fiscalización, es decir, transparencia y rendición de cuentas ante los órganos fiscalizadores, tanto del estado como de la Federación.

Es de mencionar que el  Ayuntamiento Municipal de Quiroga es gobernado por el Partido Acción Nacional y como alcaldesa se encuentra Alma Rosa Vargas Díazbarriga.

Cuestionado sobre la situación que se suscitó en el Instituto Electoral de Michoacán -IEM-, cuando comuneros que no coinciden con el Concejo Comunal de la Tenencia de Sevina, municipio de Nahuatzen, agredieron al personal y destruyeron partes del inmueble por no estar conformes con el manejo de los recursos directos, Estrada Cárdenas comentó que debe haber respeto a las instituciones.

“Debemos tener respeto y agotar los cauces legales por los reclamantes, los actores involucrados. No se vale poner en riesgo la integridad de las personas, los reclamos, aunque fueran legítimos”, agregó.